El 8 de agosto de 2017, los kenianos —yo entre ellos— salimos a votar para ejercer nuestro derecho democrático y constitucional. Tras el ejercicio electoral, los funcionarios del organismo electoral (IEBC) anunciaron los resultados presidenciales, declarando al Excmo. Uhuru Muigai Kenyatta presidente electo.
Tras la declaración, el oponente en la carrera presidencial, el Hon. Raila Odinga, impugnó los resultados y, junto con los coprincipales de su partido político NASA, presentó una petición ante la Corte Suprema de Kenia, disputando los hechos con el argumento de que el proceso electoral no fue transparente y de que se había pirateado el servidor de la IEBC. Solicitaron como remedio que las elecciones se declararan nulas por ese mismo motivo en la vista de la petición.
El caso se vio y la determinación fue que la elección se declaraba nula, debiendo celebrarse unas elecciones nuevas en un plazo de 60 días. El fundamento de la determinación fue que las elecciones se habían celebrado de forma injusta. El presidente electo no estuvo de acuerdo con la decisión del tribunal, aunque señaló que aun así haría campaña y repetiría el proceso. La IEBC afirmó que preferiría un nombramiento nuevo de sus funcionarios, lo cual el presidente impugnó diciendo que la IEBC seguía siendo el organismo mandatario para celebrar elecciones según la Constitución de Kenia.
Kenia es un país hermoso y pacífico, dotado de patrimonio cultural, recursos de fauna silvestre, recursos minerales, diversidad cultural y rasgos físicos ejemplares que lo sitúan a la cabeza de la atracción turística. Sin duda, el pueblo keniano es hospitalario y pacífico.
El estado actual de nuestro país, sin embargo, está en juego debido, entre otros factores, a la mala gobernanza y el liderazgo deficiente, la corrupción, el tribalismo y las injusticias históricas.